En un entorno tecnológico cada vez más dominado por la inteligencia artificial y la infraestructura digital, surge una pregunta decisiva: ¿quién tiene realmente la voz, la ciudadanía o las grandes empresas tecnológicas? Esta cuestión es el eje del reciente artículo de EL PAÍS que explora el impacto y la influencia de las compañías digitales en la sociedad.
El panorama actual
Empresas como OpenAI, Nvidia, Oracle y Broadcom están invirtiendo billones y construyendo la infraestructura de la IA, marcando un protagonismo que antes correspondía principalmente al sector público o a entidades científicas.
Por su parte, industrias como la aviación ya integran modelos de IA para optimizar operaciones y experiencia de usuario —por ejemplo, Iberia ha desarrollado más de 30 modelos propios de inteligencia artificial— aunque la implicación directa al volante sigue siendo menor.
Tensión entre soberanía digital y desarrollo privado
Una voz recurrente en el artículo es la necesidad de que los gobiernos y administraciones públicas recuperen el liderazgo en la gobernanza de la IA:
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El Estado debe garantizar la protección de los intereses colectivos, la ética, la transparencia y la justicia tecnológica.
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Sin embargo, la escala de inversión y capacidad técnica de las grandes empresas les da una ventaja clara en la implementación y comercialización de tecnologías de IA. Esto plantea un riesgo de desequilibrio entre el poder empresarial y los derechos de la ciudadanía.
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El concepto de soberanía tecnológica es clave: que un país o región controle su infraestructura, sus datos y sus normas digitales. La dependencia excesiva de compañías privadas pone en entredicho esa soberanía.
Implicaciones para la ciudadanía
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La tecnología de IA no sólo es una herramienta técnica: es estructura de poder. ¿Quién decide qué se automatiza, cómo se regula, quién tiene acceso y quién controla los datos?
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Cuando las empresas deciden por defecto, sin suficiente supervisión pública, la transparencia, privacidad o equidad pueden quedar en segundo plano.
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La participación ciudadana, la alfabetización digital y los marcos normativos deben actualizarse para que los usuarios no sean meros consumidores, sino agentes con voz.
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Se requiere un equilibrio: innovación privada + regulación pública + control social para hacer posible una tecnología en beneficio colectivo.
La pregunta “¿quién decide?” ya no es retórica: es práctica. En la era de la IA, la gobernanza tecnológica importa tanto como la técnica en sí. Recuperar el papel de la ciudadanía —y no solo de las empresas digitales— en la construcción del futuro será un factor decisivo para una sociedad más justa e inclusiva.